jueves, 27 de junio de 2013



                   


Nuestro socio nº 60 y actual vicepresidente ha sido condenado a 2 años de cárcel y multa de 36.000 € por un delito de "peligro abstracto". Así, en los casos de sustancias cuyo comercio está prohibido por los tratados internacionales sobre drogas, se invierte la carga de la prueba y el acusado es culpable mientras no demuestre lo contrario. No hace falta demostrar la existencia de tráfico: basta la posibilidad. Así, hemos visto a cultivadores y consumidores de cannabis ser condenados sin prueba alguna de tráfico ilícito.

Los socios de la SECA somos disidentes terapéuticos. Reclamamos nuestro derecho bioético a la autonomía terapéutica, reconocido en Aragón por la Ley de Últimas Voluntades. Es contradictorio que puedas elegir el tratamiento cuando te estás muriendo, pero no cuando se trata de seguir viviendo. Entre nuestros socios hay pacientes de cáncer que necesitan consumir cannabis antes de la quimioterapia; enfermos de migrañas que necesitan su dosis ante unos ataques que se pueden presentar en cualquier momento; muchos socios, terapéuticos o no declaradamente enfermos, que lo necesitan para conciliar el sueño; enfermos y enfermas de fibromialgia, glaucoma, dolores neurológicos crónicos, artritis, ansiedad, esclerosis múltiple o ELA, u otras dolencias para las cuales consideran positivo, en su autonomía terapéutica, el empleo del cannabis. A la hora de incautar marihuana, a la policía le da igual la exhibición del carné de socio de la SECA con indicación expresa del uso terapéutico de la sustancia: incautan y multan igual a los mal llamados lúdicos que a los terapéuticos.

Vivimos en un Estado Terapéutico, en palabras del profesor emérito de psicología del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) Thomas Szasz, o un Estado Farmacrático, en palabras del profesor de Historia, Derecho y Sociología de la UNED Antonio Escohotado. Un Estado que nos impide el acceso a las medicinas naturales milenarias (cannabis, hoja de coca, opio,...) para vendernos drogas de laboratorio cuyos efectos a largo plazo desconocemos.

Las leyes que padecemos en España al respecto proceden del impulso dado por Ronald Reagan a la Guerra contra las Drogas en los años ochenta, tras el intento de Jimmy Carter de legalizar la marihuana a finales de los setenta. En 1982, el PSOE llegó al poder con abrumadora mayoría prometiendo la salida de la OTAN y la legalización de las drogas. En 1985 se creó la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y nombrada presidenta de Honor la Reina Sofía. En 1988, la ONU aprobó en Viena un nuevo Tratado sobre Drogas, más represivo que el anterior, que se proponía acabar en 20 años, para el 2008, con todo cultivo ilícito de cannabis, hoja de coca u opio. En 1989, el Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por eminentes juristas y letrados españoles, reclamó una política de drogas que no fuera la simple represión. En 1992 se aprobó la L.O. 1/92 de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Corcuera) que penaba administrativamente a los consumidores de "drogas". En 1995, el nuevo Código Penal incrementaba las penas por delitos relacionados con las sustancias prohibidas en virtud del Tratado de Viena. En 1996 y 1997 se presentaban sendos informes en los Parlamentos británico y francés sobre el cannabis que reflejaban que es una sustancia que no causa un impacto negativo en la sociedad (como lo habían hecho los informes previos de la Comisión Británica del Cáñamo Indico de 1898, el informe LaGuardia de Nueva York del año 1944, el informe Schaffer del Gobierno Nixon, de 1968, y muchos otros). En 2001 y 2004, los informes Buittenweg y Catania del Parlamento Europeo abogan por un cambio en la política de drogas que aborde la reducción de daños y no la simple represión de consumidores y traficantes. En 2009, el informe Reuters de las propias Naciones Unidas reconoce el fracaso de la Guerra contra las Drogas, iniciada en 1914 y que a lo largo de un siglo de constante incremento de recursos humanos y económicos no ha hecho sino contribuir a un aumento en su consumo. La última cumbre de las Américas, celebrada hace escasos días, ha planteado la necesidad de legalizar las drogas a nivel del continente americano.

Mientras, en el Reino de España, los que intentamos aplicar la citada política de reducción de riesgos somos perseguidos y sancionados penal y administrativamente. Las asociaciones cannábicas y clubs de consumidores realizamos una tarea que responde a una demanda social. Los ciudadanos de más edad, aquejados o no de dolencias diagnosticadas, tienen derecho a consumir un producto natural como es la marihuana (resultado de secar las flores hembras de la planta del cáñamo) sin tener que acudir a los lóbregos ambientes del mercado negro. Del mismo modo, a los más jóvenes, aunque siempre mayores de edad, se les aparta del citado mercado ilícito, donde sin duda les ofrecerán otras sustancias sintéticas que sí pueden llegar a causar grave daño a la salud.

No atentamos contra la salud pública: pedimos que nos respeten nuestro derecho a decidir en privado sobre nuestra salud, y que respeten esa decisión. El Tratado de Viena expiró hace cinco años y no ha sido renovado. Ya es hora de acabar con políticas que sólo sirven para reprimir a la ciudadanía y beneficiar a las mafias. Como afirma en su libro "Nuestro derecho a las drogas" el citado profesor Thomas Szasz, "el derecho a fumar o mascar una planta que crece silvestre en la naturaleza, como el cáñamo, es anterior y más básico que el derecho al voto".

1 comentario:

  1. ola querría saber como puedo ingresar en esta asociación

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