On the road again

Ya nos han levantado la suspensión de actividades. Ya estamos otra vez en marcha. Desafortunadamente, consiguieron su objetivo: que fracasara la Marcha Mundial de la Marihuana en Zaragoza. Por si fuera poco cerrarnos el local a una semana vista de la manifestación (cuando la orden de cierre se había decidido casi quince días antes de la comunicación), se produjo un motín y la Junta Directiva se quedó en cuadro. Pese a ello, una vez más, hemos sorteado las dificultades y hemos vuelto a la actividad habitual. Eso sí: por limitaciones de personal, de momento abrimos a la 1 del mediodía y cerramos, en principio, a las 10 de la noche. Bueno, mientras queden media docena de socios en el local, se aguantará lo necesario. Pero si a las 10 nos quedamos solos, recogeremos y nos iremos a descansar. De hecho, este fin de semana no nos hemos ido ningún día antes de las doce. Y las deudas, en casi mes y medio de cierre, han crecido. Pero confiamos en poder salir adelante donde estamos. Si no, en octubre habrá que tener un local alternativo al que mudarnos en caso de que no consigamos rebajar el alquiler del actual. Sería una pena, pero si hay que irse, se va.
El domingo 22 celebraremos Asamblea General Extraordinaria para rehacer la Junta Directiva. Entonces, si no antes, espero que volvamos al horario anterior (de mediodía a medianoche, con dos horas de plus los viernes, sábados y vísperas).

La batalla decisiva

Estamos, dieciocho años después, en la batalla definitiva por la victoria sobre la Ley Corcuera. La mierda es que amenaza la Ley Fernández/Ley Mordaza (sin haberlo deseado me ha salido un pareado).
Mexplico.
La SECA nació como respuesta a la Ley de Seguridad Ciudadana 1/92, que prohibía el consumo en la vía pública de sustancias prohibidas en virtud de los convenios internacionales sobre drogas, obviamente firmados por España. Igualmente hacía responsables a encargados, camareros o dependientes comerciales del consumo de drogas que se hiciera en su local, ya que previamente, en 1985, la Ley Borrell había decretado que los establecimientos comerciales eran vía pública. Posteriormete se reconoció que los espacios privados, como servicios, almacén, oficina o barra, eran, efectivamente, privados, y se requería orden judicial para registrarlos.
Dado que en cualquier local privado (como es el de una asociación si no tiene negocio abierto al público, en cuyo caso necesitaría licencia de apertura) se podría consumir cannabis, , copiamos, y retocamos a instancias de la DGA, los estatutos de ARSEC (Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis) de Barcelona y fundamos la SECA. La idea era disponer de un local privado donde poder fumar sin miedo a que la policía entrara a joder el rollo, como hacía de vez en cuando en los bares en los que se consentía el consumo de cannabis tras la aprobación de la Ley Corcuera. O sea: casi todos los pubs y muchos bares de tapas.
En 1997 no hacía falta licencia de apertura para un local de asociación en estas condiciones. En 1999 el PP cambió la ley para obligar a solicitar licenciaa de apertura para cualquier local catalogado como comercial. De hecho, en el listado de licencias del ayuntamiento figura el epígrafe de "iglesias y asociaciones".
Abrimos el local de López Allué en julio del 2005. Meses después y ante la denuncia de la policía municipal, nos reunimos con el asesor legal de Urbanismo (entonces en manos de CHA), quien nos afirmó que no habría ningún problema por carecer de licencia, que nunca se había cerrado ninguna asociación salvo el local de unos neonazis de la calle Madre Sacramento que habían sido denunciados (y condenados) por agresiones a los vecinos. Posteriormente fue cerrada la sala Arrebato, de la Asociación Cultural Arrebato, pero tenía denuncias por ruidos y estaba abierto al público.Así que, mientras estuvimos en López Allué, no hubo problemas de licencia durante más de seis años.
A pesar de que nos habían abierto expediente por carecer de licencia, habíamos presentado ya la factura del contrato del arquitecto y nos habíamos entrevistado con reponsables del Servicio de Disciplina Urbanística para aclarar qué camino seguir para la legalización del local, sin que se nos mostrara ninguna urgencia para la presentación de los papeles. Incluso, cuando solicitamos la entrevista con el Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, la secretaria nos dijo: "Como no es urgente, lo dejamos para después de las navidades". Así que no esperábamos un cierre inmediato, sino que, en todo caso, nos diesen un plazo para la presentación de la documentación, a modo de ultimátum. Pero no fue así. Se presentaron los municipales a las 21'15 del domingo 27 de abril, con la orden de cierre, tomada por la Comisión de Disciplina Urbanística el 15 de abril. Es curioso que fuese precisamente cuando desde la Subdelegación del Gobierno se le solicitó el visto bueno a la policía municipal para la Marcha Mundial de la Marihuana, y que tardasen 12 días en comunicárnoslo oficialmente. De esa manera, ya no pudo entrar en el Orden del Día de la siguiente reunión de la comisión, celebrada el pasado 8 de mayo. A pesar de que nos reunimos con el Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, sr. Sierra Acín, que revisó los papeles y afirmó que intentaría incluirlo en la reunión fuera del orden del día, no se trató nuestro tema, por lo cual hemos vuelto a ir a dar la plasta (esta vez, además de arquitecto y un servidor, vino otro socio nuestro, abogado bregado y quemado a punto de jubilación). La jefa del sr. Sierra, Concha Rincón (Directora de Servicios de Gestión del Suelo e Intervención Urbanística) lo ha entendido todo y afirma que no hay intencionalidad política detrás y que van a primar los criterios puramente urbanísticos, Que por su parte está todo correcto para que nos aprueben los papeles y nos levanten la suspensión. Pero hay un asesor jurídico cabezota que insiste en que si es local de asociación es una oficina y no debe haber barra, cosa que sí admite la señora Rincón. Esta semana seguiremos hablando con ellos para que no vengan con la tontada de quitar la barra (también se ha hablado del equipo de sonido, pero esta otra tontada parece ya superada).
En cualquier caso, todavía no se sabe si la reunión de la comisión será este jueves 22 o el próximo 29 (más probable este último, por cuestión de las elecciones), pero lo que sí está claro es que nos levantarán la suspensión, aunque nos puedan pedir que tiremos media barra, pero parece poco probable. Confiamos en que así, definitivamente, tendremos claro cómo hacer un club de consumidores en Aragón, tanto en cuanto a distribución y contabilidad (la Brigada de Blanqueo de Capitales, tras la intervención del pasado 21 de diciembre del 2012, presentó a la fiscalía su informe, en el que excluía cualquier indicio de delito fiscal), como de permisos municipales. Es un primer paso (o segundo, o tercero) para la regulación de los mismos. Podrá haber otras maneras de hacerlo, pero dos tribunales de lo Penal y el Ayuntamiento de Zaragoza habrán validado nuestra opción. He sido condenado a dos años por la Audiencia Provincial en una sentencia delirante que afirma que en 40 metros cuadrados no se puede quedar nadie a fumar un porro y que el consumo compartido es sólo para fiestas eventuales. Nuestro compañero Antonio también ha sido condenado  en dos sentencias igual de aberrantes: en la primera, del Juzgado de lo Penal, por un delito de "peligro abstracto" ("No ha pasado nada, pero, como podría haber pasado, te condenamos"), y en la Audiencia en una sentencia que afirma que nuestro local de la calle de La Paz tiene 40 metros cuadrados (el gilipollas ni se dio cuenta de que era diferente dirección que la de mi sentencia previa de la misma sala de la Audiencia. Pero denuncia a un juez por falsedad en documento público...).
Esto es lo que hay. Por ahora. Seguiremos informando.

Extracto del temario de OPOSICIONES A INGRESO A LA POLICÍA NACIONAL

DERECHO, TEMA 1: 

EL DERECHO: CONCEPTO Y ACEPCIONES 


En el sentido clásico y popular de la palabra, derecho va unido a las ideas de rectitud y justicia. Derecho se contrapone así a tuerto o torcido como se opone lo justo a lo injusto, lo legítimo a lo ilegítimo, lo racional a lo irracional.
(…)
El Derecho se nos muestra como una consecuencia del principio de orden que preside todas las cosas. El orden es cualidad esencial del universo entero: todos los seres están sometidos a una norma que preside su existencia y sus operaciones.
La Ley Natural, una en sí misma, se diversifica en cuanto se aplica a los distintos órdenes de seres en dos grandes grupos: normas cósmicas que rigen el mundo de la materia y normas psíquicas que gobiernan el mundo del espíritu: éstas son peculiares del hombre como consecuencia de su especial naturaleza inteligente y libre.
(…)
El hombre no es un ser perfecto que se baste a sí mismo. Para satisfacer sus necesidades ha de vivir en sociedad. Ahora bien, la vida en sociedad exige un orden para que las actividades individuales, disciplinada y armónicamente coordinadas, puedan dirigirse a la consecución del bien común. Y para que este orden (orden jurídico) y las normas que lo constituyen (normas jurídicas) cumplan sus fines han de ser impuestas a todos los que forman parte de las sociedades.

(…) en el artículo 1 del Código Civil se establece que:
“Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
Carecerán de validez las normas que contradigan otra de rango superior.
La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
(…) la Constitución en su art. 91 establece que ”Las Leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas en el plazo de 15 días por el Rey, quien las promulgará y ordenará su inmediata publicación.”
(…) publicación sería la notificación de la ley a los súbditos, es decir, hacer público el contenido de la Ley.
(…)
Santo Tomás de Aquino la define [la Ley] como “Ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada solemnemente por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la Comunidad”
(…)
La palabra persona tiene su origen en las lenguas clásicas. El sustantivo latino persona, que deriva del verbo latino persono – resonar – se utilizaba para designar la máscara o careta que usaban los actores en el teatro y que servía al mismo tiempo para caracterizarse y ahuecar la voz.
Por una serie de transposiciones se aplicó la palabra persona al actor y luego a los actores de la vida social y jurídica; es decir: a los hombres considerados como sujetos de Derecho.
Hoy, la palabra persona puede revestir diversos sentidos:
* Sentido vulgar: En su acepción vulgar, el término persona es sinónimo de hombre.
* Sentido jurídico: Jurídicamente es persona todo ser a quien el Derecho acepta como miembro de la Comunidad. Como tal aceptación lleva consigo el reconocimiento de la aptitud para ser titulares de relaciones jurídicas o, dicho con otras palabras, de derechos y obligaciones, podemos definir en sentido jurídico a la persona como TODO SER CAPAZ DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, o, lo que es lo mismo, de convertirse en sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas.

Aunque a veces se usen como sinónimos y sean consecuencia el uno del otro, no deben confundirse los términos persona y personalidad. Si persona es todo ser capaz de derechos y obligaciones, por PERSONALIDAD ha de entenderse la APTITUD PARA SER SUJETO ACTIVO O PASIVO DE RELACIONES JURÍDICAS. Se es persona; se tiene personalidad.

Son personas el hombre y ciertas organizaciones humanas (asociaciones o fundaciones). Aquél se califica de persona individual, natural o física, y éstas de personas jurídicas (en sentido estricto, ya que el calificativo de jurídica también cuadra a la persona física en cuanto persona en Derecho).
El Derecho moderno atribuye la personalidad jurídica a todos los hombres como medio de que estos realicen en la vida sus fines individuales.

LAS PERSONAS INDIVIDUALES: NACIMIENTO, EXTINCIÓN, CAPACIDAD

EL COMIENZO DE LA PERSONALIDAD

Existen diversas teorías acerca del principio de la existencia de la persona individual:
* Teoría de la concepción: Sostiene esta teoría que el concebido tiene existencia independiente y por consiguiente ha de ser tenido en cuenta como sujeto de derechos aun antes de nacer.
* Teoría del nacimiento: Se funda en que durante la concepción el feto no tiene vida independiente de la madre.
(…)
En el Derecho español vigente, el Código Civil dice en su artículo 29 que “EL NACIMIENTO DETERMINA LA PERSONALIDAD” (es decir, se es persona desde que se nace) y luego en el artículo 30 añade: “PARA LOS EFECTOS CIVILES SÓLO SE REPUTARÁ NACIDO AL FETO QUE TUVIERE FIGURA HUMANA Y VIVIERE VEINTICUATRO HORAS ENTERAMENTE DESPRENDIDO DEL SENO MATERNO”.

Marcha Mundial de la Marihuana, Zaragoza, sábado 3 de mayo del 2014

MANIFIESTO CANNÁBICO

Hace 10 años, el Partido Popular perdía las elecciones tras mentir descaradamente al atribuir a ETA la autoría de la masacre de Madrid. Su ministro de interior, Ángel Acebes, se veía obligado a arrinconar sus planes de modificar las leyes para cerrar las grow-shops y los medios de prensa cannábicos y detener a los dirigentes de las principales asociaciones por fomento del consumo de drogas.

Hoy, nos encontramos con la amenaza de la Ley Fernández, que pretende sustituir a la Ley Corcuera en el ámbito de Protección de la Seguridad Ciudadana e incrementar el importe de sus multas, así como el radio de acción sobre la ciudadanía. La veracidad de la palabra del agente de la autoridad no se limita a afirmar que te han visto arrojar un porro y multarte por ello sin prueba alguna. También servirá para afirmar que te han oído ultrajar a la bandera, o merodear el domicilio de un cargo electo, o participar en una manifestación en las proximidades de un edificio institucional… Si con la Ley socialista del 92 se han llegado a imponer casi 400.000 multas, con la Ley Fernández, en caso de que se aprobase, se podrían multiplicar hasta límites insospechados. Ya no sólo se castigaría la disidencia terapéutica, sino cualquier tipo de disidencia contra SU sistema.

En los dos últimos años hemos visto cómo el actual Gobierno (como el anterior) se preocupaba más de los bancos y de obedecer a la ortodoxia financiera internacional que nos llevó a la crisis, que de atender a las necesidades de la población. Así, facilitaban el despido cuando afirmaban pretender crear empleo. Dicen defender la vida con su ley del aborto, mientras recortan la sanidad pública y el apoyo a las dependencias. Mejorar la enseñanza cuando disminuyen sus medios. Luchar por la igualdad a la vez que recortan las becas y crecen las diferencias sociales.

Parafraseando a Ed Rosenthal, uno no sabe si está gobernado por hipócritas o por ignorantes. En cualquiera de los dos casos, son indignos de gobernar un Estado, aunque sea una Monarquía borbónica.

En 1982, casi un 40 % de los españoles con capacidad de voto (un 48 % de un 80 %) respaldaba el PSOE, en cuyo programa electoral figuraba la legalización de las drogas. En junio de 1983 se cerraba la discusión, mientras Felipe González decía “Prefiero morir en el metro de Nueva York que vivir en la Plaza Roja de Moscú”. En 1985 nacía la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, presidida por la Reina Sofía. En 1988, con el apoyo de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, se aprobaba un nuevo Tratado Internacional sobre Drogas que abogaba ya directamente por la persecución de los consumidores por cualquier medio y se proponía acabar con cualquier cultivo ilícito de cannabis, hoja de coca u opio para 20 años después (2008).

 Y ya en 1989, en España, el Grupo de Estudios de Política Criminal, en su Manifiesto por una Nueva Política sobre Drogas, afirmaba lo siguiente:

“ (…) no se han logrado las metas supuestamente perseguidas: erradicar o disminuir sensiblemente el tráfico y consumo de drogas. (…) la droga se ha convertido en un producto muy caro (…). Esto ha originado (…) la aparición de poderosas organizaciones de traficantes con un poder económico sin parangón (…) [y] causa o agrava la marginación social de buena parte de los consumidores (…) los recursos del sistema judicial se ven desbordados por la criminalidad asociada al tráfico de drogas.. Del mismo modo, el aumento de la población reclusa (…) empeora notablemente las condiciones de habitabilidad de las prisiones (…). Las negativas repercusiones sobre la población en general son evidentes: ella es la que sufre directamente el inusitado aumento de la delincuencia dirigida a procurarse dinero para adquirir droga. Ella es asimismo la que padece medidas inadecuadas de control de esa delincuencia poco respetuosas con los principios de un Estado de Derecho (…) el poderío económico de los traficantes de medio y alto nivel les permite corromper instituciones esenciales de las democracias, desde los órganos de persecución penal hasta las más altas instancias representativas, por no hablar de las instituciones financieras. (…) a diferencia de lo que suele ser habitual en nuestra sociedad entre ciudadanos adultos, no se respeta el principio de que la salud sólo puede ser protegida con el consentimiento de la persona afectada. (…) es precisamente la prohibición la que, al imposibilitar el control estatal sobre la producción y venta, convierte a la droga en un producto de escasa calidad o de una calidad imposible de conocer (…) la regulación represiva, al suponer una mayor marginación del consumidor, lejos de obtener la tutela de la libertad de autodeterminación del ciudadano, produce un efecto pernicioso para la misma. (…) No debería ser delito el tráfico de drogas entre adultos; antes bien, éstos deberían tener la posibilidad de acceder legalmente a las mismas.”

Esto lo afirmaba el nutrido grupo de juristas y profesores de Derecho de reconocido prestigio que componían el Grupo (entre los que estaban eminencias como los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Manuela Cármena Castrillo, Cándido Conde-Pumpido Turón, Luis González Guitián, Ventura Pérez Mariño o Ramón Sáez Valcárcel o los catedráticos José Luis Díez-Ripollés y Enrique Gimbernat Ordeig, entre otros muchos). La respuesta del Reino de España fue la Ley Orgánica 1/92 de Seguridad Ciudadana. Pese a ser redactada en las filas socialistas, insignes figuras del Partido Popular la jaleaban, como Rita Barberá, quien afirmó “El que quiera fumar porros, que se los fume en su casa”. Sin embargo, más allá de impedir el consumo público, ha servido para que las fuerzas del des-orden público, abusando de ley, sometan a jóvenes o individuos de aspecto disidente a registros atentatorios contra la intimidad hasta encontrar la más mínima cantidad de droga susceptible de multa. Y, amparándose en la presunción de veracidad de los agentes reconocida en el artículo 37 de la citada ley, llegan a imponerse multas sin que se haya producido infracción alguna. Pero, si la quieres recurrir ante los tribunales, primero has de abonar la multa, luego adelantar fondos a abogado y procurador, y, actualmente, pagar la correspondiente tasa Gallardón.

En 1992, se impusieron en torno a 25.000 multas. En 2013, alrededor de 400.000. A pesar de que, al aprobarse la Ley, su mentor José Luis Corcuera afirmase que “la aplicación de la ley dependerá de talante del gobierno”, independientemente del color del mismo el número de expedientes abiertos se ha incrementado año tras año. Y de multar a quien consumiera públicamente drogas, se ha pasado a registrar hasta lo más íntimo a los sospechosos de portar cualquier cantidad de sustancia prohibida en virtud de la alarma social que han conseguido provocar con el tráfico de drogas.

En 2011, el PP, con menos de un 45 % de votos sobre menos de un 70% de posibles electores (menos de un 30 % de la población: 7 de cada 10 ciudadanos mayores de edad no les han votado), obtiene una mayoría absoluta que cree le otorga capacidad para imponer sus normas al resto de la población. La Ley Fernández, además de subir la multa a 1.000 euros, pretende eliminar los tratamientos de desintoxicación alternativos a la multa (lo cual ha soliviantado a las fundaciones de rehabilitación de toxicómanos y va a reducir el número de consumos conflictivos de cannabis que podrán aducir en el futuro), y, si las fuerzas del des-orden incautan tu plantación para autoconsumo y sales absuelto del presunto delito de tráfico, el Gobierno te impondrá una multa de varios miles de euros. En lugar de aplicar las políticas de reducción de daños reclamadas desde múltiples instancias, se profundiza en la represión que, tras más de 50 años de Guerra contra las Drogas, ha demostrado ser absolutamente contraproducente. La persecución de los clubs de consumidores y del cultivo para autoconsumo sólo beneficia al mercado negro de hachís marroquí. Claro que no es de extrañar, teniendo en cuenta los lazos de amistad que unen a las familias reales de España y Marruecos.

Mientras en la mayoría de los Estados de la Unión se despenalizan la tenencia y consumo de cannabis y el presidente Obama declara el fin de la Guerra contra las Drogas. Mientras en Uruguay se legalizan el cultivo para autoconsumo, la dispensación en farmacias y los clubs de consumidores. Mientras las propias Naciones Unidas, tras negarse a reconocer el fracaso de la Guerra contra las Drogas en 2008 y proponerse reducir a la mitad la superficie de cultivos ilícitos de cannabis, hoja de coca y opio para el 2018, reconocen en 2014 la nulidad de sus esfuerzos y la necesidad de una modificación de las políticas sobre drogas, después de que lo reconociera el Parlamento Europeo en los años 2001 y 2004 (informes Buittenweg y Catania). Mientras el Parlament catalán  y el Ayuntamiento de San Sebastián se proponen regular los clubs de consumidores. Mientras la Comunidad Europea insta al Gobierno del Reino de España a contemplar la puerta abierta por el asociacionismo cannábico en nuestro país, la Fiscalía General Antidrogas, instada por el Gobierno del Reino, mueve a las autoridades a actuar contra las asociaciones, ya sea por lo civil (por cuestiones administrativas) o por lo penal.

Estamos hartos de que se nos trate como a menores de edad y se nos persiga por nuestra disidencia farmacológica. No queremos un Estado Terapéutico que nos obligue a consumir unas drogas de laboratorio cuyos efectos a largo plazo desconocemos y con multitud de efectos secundarios desagradables, para los cuales muchas veces hemos de consumir otro fármaco. Drogas que nos convierten de por vida en esclavos de las farmacéuticas.

Reclamamos el derecho a consumir las plantas que la Naturaleza ha puesto a nuestra disposición y la Humanidad lleva empleando desde sus inicios, y no ser víctimas de una Inquisición Farmacológica que atenta contra nuestra libertad.

La marihuana no es sino la flor hembra del cáñamo una vez seca. Ya era venerada como fuente de felicidad en los Vedas hindúes y aparecía en el primer tratado médico de la historia, el Pen Tsao chino. Hasta principios del siglo XX, los extractos del cannabis formaban parte habitual de la farmacopea mundial, habiéndose llegado a afirmar que el 50 % de la misma contenía de alguna manera cannabis. Durante todo este tiempo, el cáñamo nos ha dado cuerdas, telas, lejías, jabones, aceite, alimentos, papel, material de construcción, barnices, pinturas… Fue prohibido en Estados Unidos en 1937 por la conjunción de prejuicios racistas (los traficantes eran mexicanos y los consumidores negros) e intereses de la industria petroquímica (al descubrir el náilon, había que eliminar la competencia del cáñamo), autorizado en 1942 por las necesidades bélicas (con reparto de cañamones entre los agricultores incluido), y vuelto a prohibir en 1945, tras el fin de la contienda.

No se nos reconoce el derecho de autonomía bioética, que afirma que nadie puede ser tratado contra su voluntad, y, sensu contrario, todos debemos poder elegir lo que consideremos más útil para nuestra salud (obviamente, siempre sin que afecte a la ajena). Sufrimos una continua inseguridad jurídica fruto de la contradicción entre los derechos presuntamente reconocidos en la Constitución y las leyes de menor rango y actuaciones de las autoridades, cuyos límites han de ser finalmente impuestos por los tribunales.

Por todo ello, reclamamos de las autoridades las modificaciones legales necesarias para:

-            La regulación de los clubs de consumidores de cannabis

-            La autorización de una cantidad mínima para ser portada sin incurrir en falta administrativa

-            La autorización de una cantidad máxima de plantas en cultivo para consumo personal sin incurrir en infracción penal.

-            La modificación de la lista de plantas prohibidas, de manera que los médicos puedan recomendarla para usos terapéuticos.

¡ REGULACIÓN DEL CANNABIS, YA!

 

Poesía solidaria en la SECA

Este jueves, 4 de julio de 2013, disfrutaremos en nuestro local de la calle de la Paz de la presentación del libro "Escribiendo esperanza", con la presencia de los autores Marcos Callau, Javier Castán y Lucía Pons, y de Mario Iriarte, acompañado de su guitarra. Como siempre, hacemos un "simpa": sin pagar entrada, sin pagar plus en las consumiciones, sin pagar a los artistas, sin pagar al técnico de sonido, sin pagar a la SGAE... Todo por amor al arte.

¿Y qué es el arte? Pues eso, quedarte pasmado cuando te aplican un IVA del 21 % en cultura.

Y, si no cambia de idea, el domingo por la mañana, también haciendo un "simpa", el Muchacho Mochila con sus amigos a partir de la 1 del mediodía, aproximadamente.

Previamente, el viernes a las 20'15, Asamblea Informativa, para contar a nuestros socios cómo estamos y lo que tenemos por delante...

                   

Nuestro socio nº 60 y actual vicepresidente ha sido condenado a 2 años de cárcel y multa de 36.000 € por un delito de "peligro abstracto". Así, en los casos de sustancias cuyo comercio está prohibido por los tratados internacionales sobre drogas, se invierte la carga de la prueba y el acusado es culpable mientras no demuestre lo contrario. No hace falta demostrar la existencia de tráfico: basta la posibilidad. Así, hemos visto a cultivadores y consumidores de cannabis ser condenados sin prueba alguna de tráfico ilícito.

Los socios de la SECA somos disidentes terapéuticos. Reclamamos nuestro derecho bioético a la autonomía terapéutica, reconocido en Aragón por la Ley de Últimas Voluntades. Es contradictorio que puedas elegir el tratamiento cuando te estás muriendo, pero no cuando se trata de seguir viviendo. Entre nuestros socios hay pacientes de cáncer que necesitan consumir cannabis antes de la quimioterapia; enfermos de migrañas que necesitan su dosis ante unos ataques que se pueden presentar en cualquier momento; muchos socios, terapéuticos o no declaradamente enfermos, que lo necesitan para conciliar el sueño; enfermos y enfermas de fibromialgia, glaucoma, dolores neurológicos crónicos, artritis, ansiedad, esclerosis múltiple o ELA, u otras dolencias para las cuales consideran positivo, en su autonomía terapéutica, el empleo del cannabis. A la hora de incautar marihuana, a la policía le da igual la exhibición del carné de socio de la SECA con indicación expresa del uso terapéutico de la sustancia: incautan y multan igual a los mal llamados lúdicos que a los terapéuticos.

Vivimos en un Estado Terapéutico, en palabras del profesor emérito de psicología del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) Thomas Szasz, o un Estado Farmacrático, en palabras del profesor de Historia, Derecho y Sociología de la UNED Antonio Escohotado. Un Estado que nos impide el acceso a las medicinas naturales milenarias (cannabis, hoja de coca, opio,...) para vendernos drogas de laboratorio cuyos efectos a largo plazo desconocemos.

Las leyes que padecemos en España al respecto proceden del impulso dado por Ronald Reagan a la Guerra contra las Drogas en los años ochenta, tras el intento de Jimmy Carter de legalizar la marihuana a finales de los setenta. En 1982, el PSOE llegó al poder con abrumadora mayoría prometiendo la salida de la OTAN y la legalización de las drogas. En 1985 se creó la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y nombrada presidenta de Honor la Reina Sofía. En 1988, la ONU aprobó en Viena un nuevo Tratado sobre Drogas, más represivo que el anterior, que se proponía acabar en 20 años, para el 2008, con todo cultivo ilícito de cannabis, hoja de coca u opio. En 1989, el Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por eminentes juristas y letrados españoles, reclamó una política de drogas que no fuera la simple represión. En 1992 se aprobó la L.O. 1/92 de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Corcuera) que penaba administrativamente a los consumidores de "drogas". En 1995, el nuevo Código Penal incrementaba las penas por delitos relacionados con las sustancias prohibidas en virtud del Tratado de Viena. En 1996 y 1997 se presentaban sendos informes en los Parlamentos británico y francés sobre el cannabis que reflejaban que es una sustancia que no causa un impacto negativo en la sociedad (como lo habían hecho los informes previos de la Comisión Británica del Cáñamo Indico de 1898, el informe LaGuardia de Nueva York del año 1944, el informe Schaffer del Gobierno Nixon, de 1968, y muchos otros). En 2001 y 2004, los informes Buittenweg y Catania del Parlamento Europeo abogan por un cambio en la política de drogas que aborde la reducción de daños y no la simple represión de consumidores y traficantes. En 2009, el informe Reuters de las propias Naciones Unidas reconoce el fracaso de la Guerra contra las Drogas, iniciada en 1914 y que a lo largo de un siglo de constante incremento de recursos humanos y económicos no ha hecho sino contribuir a un aumento en su consumo. La última cumbre de las Américas, celebrada hace escasos días, ha planteado la necesidad de legalizar las drogas a nivel del continente americano.

Mientras, en el Reino de España, los que intentamos aplicar la citada política de reducción de riesgos somos perseguidos y sancionados penal y administrativamente. Las asociaciones cannábicas y clubs de consumidores realizamos una tarea que responde a una demanda social. Los ciudadanos de más edad, aquejados o no de dolencias diagnosticadas, tienen derecho a consumir un producto natural como es la marihuana (resultado de secar las flores hembras de la planta del cáñamo) sin tener que acudir a los lóbregos ambientes del mercado negro. Del mismo modo, a los más jóvenes, aunque siempre mayores de edad, se les aparta del citado mercado ilícito, donde sin duda les ofrecerán otras sustancias sintéticas que sí pueden llegar a causar grave daño a la salud.

No atentamos contra la salud pública: pedimos que nos respeten nuestro derecho a decidir en privado sobre nuestra salud, y que respeten esa decisión. El Tratado de Viena expiró hace cinco años y no ha sido renovado. Ya es hora de acabar con políticas que sólo sirven para reprimir a la ciudadanía y beneficiar a las mafias. Como afirma en su libro "Nuestro derecho a las drogas" el citado profesor Thomas Szasz, "el derecho a fumar o mascar una planta que crece silvestre en la naturaleza, como el cáñamo, es anterior y más básico que el derecho al voto".

Marcha Mundial de la Marihuana 2013

Este sábado, 4 de mayo, celebraremos en Zaragoza, un año más, la Marcha Mundial de la Marihuana. Nos concentraremos en la plaza de las Canteras para bajar por la Avda. de América, Pº Cuéllar, Pº Sagasta y calle de la Paz, para acabar en la plaza Albert Schweitzer en torno a las 20'00 h. Una vez allí, leeremos un comunicado que no diferirá mucho de lo siguiente:

COMUNICADO DE LA SECA A LA CIUDADANÍA (MMM2013)

Ciudadanas y ciudadanos:

Celebramos hoy en Zaragoza, un año más, la Marcha Mundial de la Marihuana, que viene celebrándose en centenares de ciudades de todo el planeta desde el año 1999. Y, un año más, tenemos que denunciar la falta de avances en esta materia por parte del Reino de España, un Estado basado en una Constitución desde cuya redacción ha llovido mucho. Tanto que es papel mojado.

Una Constitución que proclama el Derecho a la Vivienda mientras se desahucia a la ciudadanía maltratada por la situación económica. Una constitución que proclama el Derecho al Trabajo mientras las leyes facilitan el despido y crear una empresa cuesta una cantidad de tiempo y dinero sólo al alcance de las clases acomodadas, sin facilitar el autoempleo ni modificar los reglamentos de autónomos de manera que sean sostenibles para el trabajador por cuenta propia. Una Constitución que consagra los Derechos a Sanidad, Educación y Justicia, mientras el Gobierno implanta tasas que imposibilitan el acceso a ellas por parte de la mayoría de la población.

En ella, también se consagran los Derechos de reunión, asociación  y libertad de conciencia, pero, una vez más, es todo papel mojado.

Mientras en los Estados Unidos de América, principales promotores del prohibicionismo que gobierna el planeta, cada vez más Estados aprueban en referéndum la legalización de la marihuana, no ya para usos terapéuticos, sino lúdicos; mientras en naciones tan dispares como la República Checa y Uruguay se avanza en la legalización; mientras en Italia y Francia empiezan a surgir con fuerza asociaciones de consumidores, en España, tras más de quince años de lucha política, se nos sigue persiguiendo como si fuéramos delincuentes.

En Aragón llevamos el cáñamo en la sangre. Lo cultivamos desde que tenemos uso de razón como homo sapiens. Durante siglos, si no milenios, ha sido la base fundamental de nuestra cultura. En los restos arqueológicos de la Aljafería, el catedrático emérito de la Facultad de Zaragoza, Manuel Martín Bueno, encontró pipas aptas para la fumación de sustancia vegetal. Y en aquella época (siglos X-XI), el tabaco no había llegado de América. ¿Qué fumaban nuestros ancestros árabes?

Durante los siglos XV a XIX, el cáñamo aragonés proveyó de velas y maromas a la Marina Española, hasta el punto de que la ciudad de Calatayud fue la única del interior peninsular con delegación de la Marina.

Desde que, en los años 60 se instaló el estilo de vida americano en nuestro país y cambiamos el cáñamo por el tergal, nuestra salud se ha ido deteriorando. Desaparecieron los cañamones de nuestra dieta y empezaron a proliferar el colesterol y el cáncer. Nos escamotearon los remedios de la abuela y sustituyeron las plantas por pastillas.

En 1982, llegó el PSOE al poder con tres promesas: 800.000 puestos de trabajo en un año, salida de la OTAN y legalización de las drogas. Los 800.000 puestos de trabajo costaron toda una legislatura, La OTAN, de entrada, no, pero de salida, tampoco. Y la legalización de las drogas duró 3 meses, de marzo a junio del 83. Impuso sus criterios el triunvirato formado por el Papa de Roma Juan Pablo II, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, secundados por la Reina Sofía, que en 1985 fundaría y presidiría la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Curiosamente, en la última entrega de premios de dicha asociación, no pronunció discurso alguno, en contra de lo habitual en todos los años precedentes. ¿Sería por el reconocido fracaso de la Guerra contra las Drogas?

Y es que en 1988 se aprobó un nuevo Tratado sobre Drogas, que sustituía y reforzaba al anterior, del año 1971. En este Tratado, conocido como el Tratado de Viena, se proponían incrementar medios humanos y económicos para, 20 años después, en el 2008, haber eliminado todo cultivo ilícito de opio, hoja de coca o cannabis. Obviamente, han fracasado. Lo reconocían ya los informes Buittenweg y Catania del Parlamento Europeo ya en los años 2001 y 2004, y la ha reconocido la propia ONU en su informe Reuters, del 2009. Sin embargo, los gobiernos de las diferentes naciones firmantes, como el español, no se dan por aludidos y persisten en políticas prohibicionistas absolutamente trasnochadas.

En la línea de los Tratados Internacionales sobre Drogas firmados por España, en 1992 se aprobó la Ley Orgánica 1/92 de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Corcuera, que en su artículo 25.1 califica como "infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, (…), así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo." A pesar de que la instrucción 19/2005 del Ministerio de Interior de fecha 13 de septiembre del 2005, afirma textualmente en el primer párrafo de su segunda página que "según (…) sentencia de la sala 2ª del Tribunal Supremo, de 7 de julio de 1995, el cacheo es un acto de investigación policial efectuado por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, consistente en el registro de una persona para comprobar si oculta elementos que puedan servir como medio probatorio de la comisión de un delito", sin existencia ni indicio de delito alguno se procede a registrar a la ciudadanía sospechosa de portar cannabis u otras sustancias prohibidas.

Del mismo modo, las Fuerzas del Estado abusan del artículo 368 del Código Penal, que dice que "Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos". A pesar de que los tribunales han reconocido el derecho a cultivo para consumo personal, en virtud de este artículo se siguen incautando plantaciones particulares, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos y ciudadanas afectados.

Por ello reclamamos la modificación de dichos artículos del ordenamiento jurídico español, con la eliminación de los términos "tenencia ilícita", en el caso de la Ley Corcuera, y del "cultivo y la transformación", en el caso del Código Penal, como un primer paso en el reconocimiento de la autonomía bioética que todo Estado democrático debe respetar por pertenecer a la privacidad personal del individuo.

Del mismo modo, reclamamos del Gobierno aragonés, como ya hicimos en el 2005 a través de los representantes de la Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, que cultive cannabis por medio de los organismos e instituciones existentes para su distribución a los aragoneses a los que no funcionan adecuadamente los tratamientos presuntamente científicos o sus efectos secundarios les resultan intolerables, para su distribución a través del Servicio Aragonés de Salud, y que faculte a los médicos para recomendarlo a sus pacientes en estos casos. Del mismo modo, es imprescindible ya la creación de una comisión conjunta del Gobierno aragonés con los representantes de las asociaciones de consumidores de cannabis aragonesas con vistas a regular de una manera clara su funcionamiento y evitar el limbo legal en el que nos movemos, que deja a expensas del criterio de los jueces la legalidad de nuestras actividades.

La recuperación del cáñamo, libre de las cortapisas de la prohibición, ayudaría a regenerar el planeta y democratizaría la economía, reduciendo la servidumbre de los grandes financieros petroquímicos y repartiendo la riqueza entre los ciudadanos productores y transformadores. Una hectárea de cáñamo produce tanto papel como 4 de bosque, siendo cuatro veces más reciclable. La ingesta de cañamones, ricos en ácidos linoléico y linolénico, que ahora nos venden como omega-3 y omega-6 añadidos a los alimentos comerciales, mejoraría la salud general de la población. La ropa de cáñamo es la más estable electrostáticamente, hasta el punto de que en las factorías de textiles sintéticos los trabajadores están obligados a vestir prendas de cáñamo, en prevención de que la electricidad del ambiente pueda provocar una chispa que produzca su ignición. Los revestimientos de cáñamo para la construcción resultan inmejorables por sus propiedades aislantes térmica y acústicamente. El mero cultivo del cáñamo regenera el terreno y el rendimiento de su proceso de transformación de energía solar es máximo, contribuyendo así a la regeneración de la atmósfera y la regeneración de la capa de ozono.

La marihuana, tan temida ella, no es sino el resultado de secar las flores hembras del cáñamo en su punto de maduración adecuado. Por ello pedimos:

¡REGULACIÓN DE LA MARIHUANA, YA!