La crecida de la policía.

La policía está crecida. Tanto la Nacional, como la Guardia Civil, como la Local. La presunción de veracidad convenida en los tribunales se extendió a ley escrita con el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/92 de Seguridad Ciudadana: "En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles.".

La L.O. 1/92 de S.C., más conocida como Ley Corcuera, fue la definitiva rendición del PSOE a las leyes capitalistas del Estado Yanqui Prohibicionista.

Primero fue denominada "Ley de la Patada en la Puerta", pues autorizaba a la policía a violar el domicilio particular en caso de sospecha de delito. Se le quitó la denominación tras modificarse para no ser violado salvo en determinadas circunstancias.

Artículo 21.

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las leyes.

2. (Anulado)

3. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.

En tales supuestos, y para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.

4. Cuando por las causas previstas en el presente artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entrasen en un domicilio, remitirán sin dilación el acta o atestado que redactaren a la autoridad judicial competente.

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 2 por Sentencia del TC 341/1993, de 18 de novimbre de 1993. Ref. BOE-T-1993-29248

 Fue una maniobra de distracción para introducir lo fundamental: el artículo 25, cuyo punto 1 dice que:

Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.

La excusa para la introducción de este artículo fue la defensa de la salud pública  Se suponía que se pretendía impedir el consumo público de drogas, o su exposición al público aunque no fuera para consumo. La inefable Rita Barberá, ante las quejas de los consumidores de cannabis, afirmó "El que quiera fumar porros, que se los fume en su casa". De igual manera, el abandono de útiles destinados al consumo se suponía que estaba destinado a prevenir el abandono de jeringuillas en solares y vía pública en general. Sin embargo, la ley se ha destinado a ejercer una represión selectiva de la población para inculcar miedo a la policía en los jóvenes y aplicar un "impuesto reaccionario" a los consumidores de cannabis.

Desde la aprobación de la Ley Corcuera en 1992 hasta el año 1997, se cacheaba y multaba a quien consumía cannabis (u otras drogas) en la vía pública. Gobernaba el PSOE y, tras 20 años de Constitución y pasados GAL y Filesa, parecía que la policía estaba al servicio del ciudadano. De hecho, en el año 1998 llamamos desde la SECA (entonces en la calle Cantín y Gamboa) porque unos socios disidentes pretendían liarla parda (uno de ellos aún se puso chulo a los maderos y otro le tuvo que parar los pies para no acabar de cagarla) y se portaron absolutamente repestuosos (especialmente uno que mostraba un mostacho canoso empalmado con las patillas que podía haber ejercido de extra en una película de Charles Bronson). Pero en 1997 un ciudadano cuyo registro fue abusivo reclamó hasta llegar al Tribunal Constitucional. Y "er Arto Tribuná" dictaminó que la alarma social generada por el tráfico de drogas justificaba cualquier registro. Y ya se cagó.

Cuando el ministro Corcuera presentó la ley afirmó que su aplicación dependía del carácter del gobierno de turno, dando a entender que si gobernaban los socialistas se aplicaría poco y si gobernaban los del PP mucho. Nada más alejado de la realidad. La aplicación de la ley se ha ido incrementando año tras año, independientemente del color del gobierno de turno. Máxime cuando, para cobrar el plus de productividad, los agentes del orden público han de hacer un determinado número de actuaciones. Caso contrario, sus ingresos mensuales se verán reducidos. Lo cual demuestra que nuestros sucesivos gobiernos no han modificado la función de la policía que durante el franquismo fue la represión de la disidencia por su función democrática de servicio a la ciudadanía sino para convertirla en otro agente recaudatorio.

En 1992, apenas se impusieron 15.000 multas, que pasaron a ser 25.000 al año siguiente. Para 1996, ya asecendía a 40.000. En el 2000 superaban las 100.000. En la actualidad, rondan las 400.000.

Para imponer multas, basándose en el citado artículo y en el absoluto apoyo de sus superiores, mienten flagrantemente. Hasta el extremo de que a uno de nuestros socios al que no le pudieron pillar nada a la salida de nuestro local, le adjudicaron ¡ 0'03 gramos ! de marihuana, afirmando que la intervención se había producido en una avenida, 100 metros más allá, para disimular que lo habían cogido a la salida de la SECA y basándose exclusivamente en su prejuicio acerca de la legalidad de nuestra asociación y de la responsabilidad ciudadana de nuestros socios.

Pero ya se pasan de castaño a oscuro. Desde que, por orden municipal arbitraria, permanecimos cerrados entre el 27 de abril y el 6 de junio pasados, la policía nacional no había molestado hasta que aparecimos a finales de noviembre pasado en un reportaje sobre marihuana emitido en "Aragón Televisión" en el programa "Unidad Móvil". Desde entonces, han vuelto a pescar en el charco algunos de sus agentes. Es más fácil que controlar el camelleo del casco viejo, en el que se exponen a que un día les den una puñalada. En cambio, con los socios de la SECA no hay problema. Como mucho, algún chaval les vacilará un poco, lo amenazarán, y se contendrá porque es consciente del poder de la policía. Pero si va demasiado saturado por la situación socioeconomica que le toca atravesar y se rebota (los consumidores de cannabis solemos ser gente nerviosa. Por eso lo consumimos: para relajarnos), las consecuencias pueden ser terribles. Policía agredido, denuncia, condena, etc. etc.

El problema es ese: que están crecidos por el apoyo administrativo y judicial y se sobran todo y más. En los últimos meses se están superando. La tontada de decirle al registrado "Y no llames a avisar a la asociación, que nos enteraremos y será peor" no se la cree nadie. Por supuesto que a continuación la mayoría llama y nos avisa (aún queda algún primaveras...). Lo de que "no vuelvas a entrar a la SECA a avisar, que será peor" aún hace algo de efecto, pues no quieres que se queden contigo. Eso sí: se llama o se cuenta luego.

Otra tontada habitual es "No te me pongas tonto, que te voy a poner dos multas, en vez de una". Hace apenas un mes salí del local cuando estaban registrando a unos socios y a uno le amenazaron con ello porque decían que les había intentado engañar al no sacarles una bolsita de marihuana que ellos le encontraron a continuación. Cuando le dije al policía que él no tenía potestad para ello sino que competía a la Subdelegación del Gobierno, me solicitó el carné de identidad. Tras identificarme y entregarle el carné de identidad, expresé mi indignación por semejante trato y, entre otras consideraciones, afirmé que la marihuana jamás había matado a nadie por uso continuado ni abuso eventual, y me contestó no sé qué de un marmitako tóxico que llevaba marihuana. Una vez que los socios sujetos a registro se hubieron ido, me volví a meter al local, dejando con la palabra en la boca al estúpido agente (que espero acabaremos por identificar. Por su voz, escuchada desde la SECA, se supone que es uno de los de los 0'03 gramos).

Pero lo que decía: se están sobrando veinte pueblos.

N. salía de la SECA. Lo esperaban fuera un par de amigas. Los secretas de estupefacientes les pararon al llegar a la plaza Schweitzer. Al ver que una de las chicas era menor de edad, mostraron su intención de llamar a sus padres. N. dijo "¿Por qué, si no ha cometido ningún delito?". Los policías llamaron refuerzos para que una agente registrara a las dos chicas. Mientras, uno de los agentes palpó la zona genital de N. y notó algo (¿pliegues de la piel? ¿una costura?). Rotundo, ordenó "¡Sácate lo que llevas!". Y N. se lo enseñó todo, a apenas 20 metros de las puertas del colegio de los Agustinos. Menos mal que no era un día lectivo ni la hora de salida de clase.

Poco después, otra pareja de socios fue asaltada por los mismos agentes a la salida del local. Fueron tratados como presuntos delincuentes, él en posición de registro contra la pared, piernas abiertas y palmas contra el muro, para una vez más no encontrar nada.

Unos días después, una socia terapéutica de mediana edad y serios problemas médicos fue interceptada a la salida de la asociación en torno a la medianoche de un jueves y tratada como presunta traficante de drogas. Llegó a su casa absolutamente indispuesta y con alta fiebre, dado que el tiermpo no era precisamente apacible mientras casi la desnudan en plena calle.

Y hoy al mediodía, ya la polla. Unos munipas asaltan a una socia visiblemente enferma y llaman a una agente para proceder a cachearla. Casi la desnudan en mitad de la calle. Incluso le requisan medicamentos legales. Me explico en cuanto yo sé y he visto.

En torno a la 1 del mediodía me encuentro en el bar "El Elegante" y recibo una llamada de nuestro "vice", Luis, que me dice que parece ser que la policía está en los alrededores molestando a una socia. Luego me llaman par decirme que mejor que acuda rápido al local. Voy y me encuentro en la puerta de entrada a dos munipas con un carné de identidad en la mano. Me identifico: "Soy Alfonso de la Figuera Aranda, presidente de la asociación. ¿Qué sucede aquí?". Me enseñan el carné y me preguntan si es socia. Y afirmo que sí, y apostillo: "y gravemente enferma". Mis compañeros me dicen que no encuentran su ficha pero sí la encuentran en una de las listas de socios con el número 1145, y les digo a los munipas que si quieren comprobarlo, que vayan a la policía nacional o mejor al juzgado, dado que  tienen nuestro libro-registro de socios en su poder desde la actuación policial del 21 de diciembre del 2012. Se van y tras informarme un poco salgo a ver qué pasa. Y la veo acompañada de alguien de paisano (claramente su pareja) y rodeada de municipales. Cuando me acerco la oigo explicar a su pareja que casi la desnudan, la pobre está llorando al borde del ataque de nervios, y cuando expreso mi indignación haciendo notar que es visible que es una persona enferma, uno de los munipas se ríe, mientras otro me amenaza con denunciarme por desorden público. Modero mi tono de voz para decirle a nuestra socia y a su pareja que pongan una denuncia en comisaría, dado que en el acta de infracción de la L.O.1/92 que han levantado figura la identificación de los pitufos malos. Y me retiro al local antes de cabrearme más y acabar perdiendo los nervios ante tanto cabrón gilipollas. Luego vienen los dos al local para tratar de serenarse (bueno, él estaba sereno. Ella, fatal), Hablamos de  la estrategia a seguir y se retiran con la idea de presentar la correspondiente denuncia. Espero que lo hagan. No faltarán testigos.

Menos mal que el próximo alcalde les meterá en cintura a estos hijos de Franco tontos a los cuales das dos galones y se transforman en díscipulos de Sade. Que es lo que son en el fondo. Yo trataría de reconvertirlos al maso, que igual les gusta más. Degenerados.

Y de la Guardia Civil, jactándose de que han dedicado el verano pasado a controlar marihuana en lugar de evitar robos, hablaremos otro día.